Valorización: una mirada de paz, equidad y justicia para la infraestructura

El Programa de gobierno del presidente Petro impone a nuestro sector la tarea de trabajar en la conectividad e intermodalidad, especialmente, en aquellas regiones con rezago de décadas en inversión en infraestructura, es así que el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 señala como ruta la convergencia regional que, a partir de una lectura sencilla, no es otra cosa que lograr que las acciones del Gobierno Nacional en coordinación con los entes territoriales concurran para que de manera efectiva, coordinada y focalizada aporten al cierre de brechas socioeconómicas, incluidas las notorias diferencias entre las regiones o territorios, inadmisibles en un país con la riqueza y potencial que tiene Colombia. La paz requiere que no dejemos a nadie atrás.

Recorrer la geografía nacional es encontrarse con necesidades inmensas en materia de infraestructura de transporte, porque el desarrollo, la equidad y la paz necesitan de vías férreas, carreteras, puentes, puertos, muelles y aeropuertos para conectar a las comunidades y a las personas con las oportunidades de desarrollo con justicia y equidad.

Al revisar desde una perspectiva espacial la inversión histórica de los recursos del sector y la efectiva generación de infraestructura multimodal y operativa en el país, su localización y los recursos públicos invertidos, se encuentra una importante concentración en la región andina que, si bien agrupa la mayor población, no agota las necesidades de Colombia. Estas inversiones traen como consecuencia objetiva una generación de riqueza derivada de inversiones públicas al incrementar el valor catastral del suelo en proporciones importantes en los predios de la zona de influencia de las obras de infraestructura construidas.

Por ello, estamos operativizando la Ley 1819 de 2016, que concreta en el instrumento de Contribución Nacional de Valorización una herramienta prevista en nuestro ordenamiento jurídico desde los años veinte del siglo pasado y que ordena al Ejecutivo reglamentar el mecanismo, materializarlo y usarlo, para recuperar parte del plusvalor y continuar generando una infraestructura que el país necesita para su desarrollo y competitividad.

En esa línea, vale la pena aclarar a la opinión pública reacciones de algunos líderes gremiales y políticos, en especial, porque: i) en un alto porcentaje los recursos recaudados se invertirán en los proyectos de infraestructura más esperados por la región donde se haga el recaudo, por ejemplo, en el Atlántico podría demolerse el antiguo puente Pumarejo o materializarse el proyecto del tren del Caribe o en Bolívar conectar por fin el sur de Bolívar con municipios del centro o avanzar de manera efectiva en la construcción del puente Regidor y, ii) porque Barranquilla, Bogotá y Medellín, entre otras ciudades, llevan décadas usando el instrumento como fuente de financiación de infraestructura.

El cobro de la valorización es apenas un ejercicio de justicia tributaria, y por ello cierro esta reflexión preguntándonos a todos si no es pertinente, razonable y necesario pensar en capturar parte de este plusvalor para reinvertirlo en una infraestructura con propósito, en las tan necesitadas vías secundarias y terciarias, en proyectos estratégicos del propio territorio donde se recauda la contribución, y en otras regiones segregadas y dispersas de la geografía nacional. Reitero, si lo que buscamos es construir de manera conjunta un país en paz, entonces no es opción dejar atrás a nadie.

Tomado de EL TIEMPO,

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