Derecho

“En materia de política de protección a los consumidores en el sector aeronáutico perdimos el año” Emilio José Archila

En foro realizado en el Externado, se hicieron evidentes las tensiones entre la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a la protección al consumidor. La  academia dice que éste está desprotegido. Así lo expresó el director del Departamento de Derecho Económico durante el foro “Aspectos institucionales de la protección al consumidor de servicios aéreos y turísticos”, convocado para analizar el decreto 1097 de junio de 2014 “por el cual se reglamenta la etapa previa de reclamación directa para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios turísticos o aéreos”.Según Adriana Sanclemente Alzate, jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil, el usuario de transporte aéreo está protegido por los reglamentos aeronáuticos de Colombia, que tienen muchísimos mecanismos para exigir el cumplimiento del servicio, y explicó que si bien “el Estatuto del Consumidor no nos aplica, y tenemos la convicción de que la figura del reembolso no aplica en el sector aéreo, existen el desistimiento y mecanismos por los cuales el pasajero puede lograr que lo que inicialmente había pactado y no se cumple, se le devuelva”.

Frente al tema del reembolso, dijo que la institución aplica para determinadas circunstancias como la cancelación, el retraso, la interrupción por causas imputables a las empresas aéreas, la fuerza mayor o cuando hay desistimiento, y explicó las políticas de compensación frente a las reclamaciones y bajo qué modelos se realiza la protección al consumidor desde las normas que rigen la entidad.

Por su parte, Emilio José Archila Director del Departamento de Derecho Económico, explicó que  “en términos de política no hay nada, el país no está haciendo absolutamente nada de política para protección del usuario en materia aeronáutica y esto resulta consistente, porque nadie tiene esa función, no la tiene el Ministerio, no la tiene la Aeronáutica.”

Sin embargo, dijo que en términos de regulación, donde está asignada específicamente la función a la Aeronáutica en desarrollo de los RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia) para la protección de los usuarios, sí se ha expedido un número importante de resoluciones para su protección, “ahí han hecho su mejor esfuerzo”.

Además, llamó la atención sobre la forma y la orientación que tienen estas regulaciones, frente a las cuales dijo que “el atributo de la idoneidad en la forma como lo entiendo, desaparece” y se refirió a la asimetría entre desistimiento y la sobreventa. “Entendería que hubiera una rigurosidad muy grande en el tema del desistimiento si ese efectivamente correspondiera a un producto perecedero. Pero es que si es perecedero lo es para las dos partes, el que vende y el que compra. En este caso, la regulación lo convierte en perecedero para el que lo compra pero no para el que lo vende”.

Frente al punto de competencias planteado para su discusión por Manuel Guillermo Sarmiento, director del Centro de Estudios de Derecho del Transporte y moderador del panel,  Adriana Sanclemente, dijo que el tema aéreo es muy técnico, requiere conocimientos especiales y que “lo que se ha evidenciado en este foro es que dentro de la SIC hay una ignorancia absoluta del tema aéreo; por lo tanto, lo que se protegió con el parágrafo segundo fue el hecho de que fuera la entidad competente la que resolviera los problemas y creo que lo está haciendo bien… Cuando uno no logra entender el concepto del sector y de la industria al que le está sirviendo de juez, sus fallos no pueden ser en equidad ni en justicia”.

Afirmación frente a la cual, Felipe García Pineda, Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dijo que la función de la SIC es velar por el cumplimiento de la ley “y esa función muchas veces es odiosa porque implica tomar decisiones que a las empresas o a las industrias no les gusta… Nuestro ADN es proteger a los consumidores y eso es lo que guía nuestra forma de aplicar la ley y de decidir los casos que tenemos  bajo nuestra competencia.”

Además, García se preguntó por qué razón al sector aeronáutico, tanto a las industrias como al regulador, les disgustan tanto las normas del Estatuto del Consumidor. Y si la especialidad de un sector justifica que no se le apliquen las normas del consumidor.
Paula Cortés, presidente de Anato, la asociación que reúne a las agencias de viaje, dijo que, como prestadores de servicios turísticos, no están al lado ni de la SIC ni de la Aeronáutica: “nosotros lo que hemos venido reclamando al gobierno es una claridad específica sobre cuáles son las normas para aplicarle al sector, en el caso de las agencias de viaje, que somos intermediarios.”

Por su parte, Gilberto Salcedo, presidente de ATAC, dijo que tiene que haber coherencia en las posiciones de gobierno, que es lo que preocupa al final del día a las industrias. “El problema no está en la competencia, está en cuál es la norma que aplicamos.”

Y concluyó diciendo que “creo que la especialización hay que entenderla en los términos en los que lo estamos expresando, no porque nos sintamos especiales, o nos sintamos diferentes, el tratamiento especial no es en función de la industria solamente, es en función de lo que puede ofrecer la industria que también beneficia al pasajero.”

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Universidad Externado de Colombia
 
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