Decreto 1529 de 2026: modernización de las concesiones portuarias y sostenibilidad ambiental

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1529 del 14 de octubre de 2026, mediante el cual se modifican y adicionan disposiciones del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en materia de concesiones portuarias. La norma busca modernizar el régimen aplicable al otorgamiento, la modificación, la ejecución y la terminación de estos contratos, fortaleciendo la transparencia, la competencia, la seguridad jurídica y los incentivos a la inversión privada en infraestructura portuaria.

Entre sus principales novedades, el Decreto crea el Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), destinado a centralizar y facilitar la consulta de información sobre las concesiones de puertos, muelles y embarcaderos del país. Asimismo, incorpora disposiciones para mejorar la conectividad de los terminales con las redes de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y fluvial, y establece mecanismos para facilitar la transición entre concesiones y el reconocimiento de determinadas inversiones que no hayan podido recuperarse durante el plazo contractual.

Uno de los aspectos más relevantes de la regulación es la incorporación de las inversiones ambientales y sociales estratégicas en los planes de inversión de las concesiones. En materia ambiental, se contemplan iniciativas relacionadas con la descarbonización y la transición energética, la electrificación de muelles, la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y la economía circular. En el ámbito social, se incluyen proyectos orientados al fortalecimiento de las comunidades, la conectividad de poblaciones aisladas y el desarrollo territorial.

En este sentido, el Decreto establece que, en los procedimientos de otorgamiento y modificación de las concesiones portuarias, se otorgará una mayor calificación a las propuestas que incorporen compromisos e inversiones ambientales y sociales estratégicas que excedan las obligaciones normativas exigibles y generen beneficios verificables para la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Estas inversiones deben ser adicionales y voluntarias, y no sustituyen las obligaciones ambientales derivadas de licencias, permisos, planes de manejo o medidas de compensación exigidas por la normativa vigente.

Este asunto fue abordado durante el V Seminario Internacional de Infraestructura, realizado la semana pasada, en el que se analizaron los desafíos jurídicos asociados al régimen de concesiones portuarias. La expedición del Decreto constituye un avance en la actualización del marco regulatorio del sector y abre nuevas perspectivas sobre el papel de las inversiones ambientales y sociales en la estructuración y modificación de las concesiones portuarias.

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