Sentencia SU-142 de 2026: la Corte Constitucional reafirma la competencia arbitral en la contratación estatal

Mediante la Sentencia SU-142 de 2026, la Corte Constitucional dejó sin efectos una sentencia de unificación del Consejo de Estado que había restringido la competencia de los tribunales de arbitramento para conocer controversias relacionadas con las consecuencias económicas de actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

La Corte concluyó que el Consejo de Estado desconoció el marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente al considerar que dichas consecuencias económicas eran inseparables de la legalidad del acto administrativo y, por tanto, de conocimiento exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Con esta decisión, la Corte reiteró que los árbitros sí pueden pronunciarse sobre las consecuencias económicas derivadas de estos actos, sin que ello implique decidir sobre su legalidad. Asimismo, fortaleció los principios de voluntariedad del arbitraje y obligatoriedad del pacto arbitral, consolidando la seguridad jurídica en la contratación estatal y el papel del arbitraje como mecanismo de solución de controversias.

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