La reforma a la justicia: ilusión o realidad

Los que hemos tenido la oportunidad de formarnos como abogados, ejercer la profesión y desempeñarnos como profesores de derecho, estamos oyendo desde que estábamos en las aulas universitarias —y eso hace ya varias décadas—, de la necesidad de una reforma a la justicia integral y definitiva, que haga viable el derecho fundamental de los ciudadanos a una eficaz y justa solución de sus conflictos y controversias que se suscitan en el seno de cualquier organización social y que son consustanciales a la naturaleza del ser humano.

Son múltiples los intentos que se han realizado en Colombia para alcanzar este anhelo de tener una justicia pronta y cumplida, como pilar fundamental del Estado social de derecho, que les otorgue una protección efectiva a los ciudadanos y responda a los grandes retos de la sociedad contemporánea, pero desafortunadamente la mayor parte de ellos han fracasado y se han convertido en una quimera, que no significa otra cosa, que una ilusión inalcanzable.

Siguiendo con el ideal “santanderista” de legislar y reglamentar todo lo divino y lo humano, en Colombia a lo largo de los últimos cincuenta años se han expedido múltiples códigos y leyes que han pretendido reformar la administración de justicia, proceso que se inició con la expedición de los códigos de procedimiento civil y de comercio en los años 1970 y 1971, respectivamente, legislación comercial y procesal totalmente reformadas actualmente, con múltiples leyes de carácter mercantil y la expedición del código general del proceso en el año 2012, continuando con las reiterativas reformas a los códigos penal y de procedimiento penal en la primera década del presente siglo, lo mismo que la modificación del estatuto de contratación estatal y las reglas del procedimiento contencioso-administrativo, y así muchísimos otros cambios legislativos.

Pero quizás el cambio más importante que se dio en el país en materia de reforma a la justicia, fue la nueva constitución política de 1991, que permitió la creación de la Fiscalía General de la Nación y el inicio de la transición de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio, que finalmente se concretó con el acto legislativo número 03 de 2002 y la ley 906 de 2004. 

La institución de la Fiscalía General de la Nación ha sido uno de los mayores fracasos de la constitución de 1991. Su antecedente en Colombia se encuentra en el proyecto de reforma constitucional de 1979, presentado por el Gobierno de Turbay Ayala, que por defectos de forma fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, pero que el constituyente de 1991 introdujo como uno de sus mayores logros, siguiendo el modelo anglo-sajón de independizar las funciones del acusador con las del juzgador, otorgándole mayores garantías al procesado penal. 

Pero lamentablemente, y a diferencia del modelo norteamericano, los Fiscales Generales de la Nación se han convertido en un instrumento político utilizado por los gobiernos de turno para cumplir con sus objetivos y en muchos casos para perseguir a sus enemigos y favorecer a sus amigos, ya que esa independencia de los fiscales de que tanto se habla, no existe en la realidad. 

El Fiscal General de la Nación es un auténtico dictador de la rama judicial del poder público, sin ningún tipo de control legal ni disciplinario, y a lo largo de la historia de la institución se han dedicado, con muy contadas excepciones, a emitir opiniones políticas de toda índole y a inmiscuirse en todos los asuntos del Estado, algo totalmente ajeno a las funciones estrictamente judiciales que les otorga los artículos 249 a 253 de la Constitución Política.

La mayor parte de los Fiscales Generales elegidos a partir del año 1991 han considerado, desde el primer momento en que comenzaron a ejercer sus funciones, que son potenciales candidatos a la presidencia de la República. Afortunadamente ninguno ha logrado ocupar este cargo, para bien del país, hasta el punto que el último de ellos, el fiscal Barbosa, se autodesignó como el segundo funcionario público más importante del país y seguramente muy pronto iniciará su campaña presidencial.

Pero además de la creación de la Fiscalía General de la Nación, el constituyente de 1991 le otorgó a la Corte Suprema de Justicia la función de elegir al fiscal general de una terna presentada por el presidente de la República. Otro grave error, ya que los jueces no han sido designados para cumplir funciones electorales sino única y exclusivamente para administrar justicia.

Pero sumado al fracaso evidente de la Fiscalía General de la Nación, uno de los mayores problemas que tiene la justicia en Colombia es su morosidad, la lentitud extrema para tomar decisiones, procesos que duran veinte años o más, impiden que se logre el anhelado fin de una pronta y cumplida justicia. 

Para justificar esta morosidad históricamente se menciona la congestión judicial, que no se puede desconocer. Sin embargo, el cambio que se ha producido en los últimos años, de pasar de un proceso escrito a un proceso oral en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contenciosa administrativa, y mejorar sustancialmente los niveles salariales de los operadores de justicia, permitirían pensar que esta morosidad debía haberse reducido, lo cual no ha ocurrido lamentablemente. 

Mientras esto no se logre seguiremos siendo un país con un muy bajo índice de confianza en la administración de justicia. Mientras que Canadá y Estados Unidos son los dos países con el mayor índice de confianza por parte de los ciudadanos en su sistema de justicia, con calificaciones de 6.0 y 5.5, Colombia ocupa un lugar muy secundario, con una calificación de 1.0, debajo de países vecinos como Ecuador con 3.0 y Venezuela con 2.0.

Para que finalmente logremos al ideal de una administración de justicia eficaz, pronta y cumplida, se requiere que todos los estamentos que tienen la competencia y la responsabilidad constitucional de legislar, comprendan que si no existe un sistema judicial que responda a las necesidades de los ciudadanos de obtener una rápida y justa solución de sus conflictos, difícilmente se podrá tener una sociedad justa y en paz.  

Tomado de MAS COLOMBIA

Para más información aquí